Marifeli Perez-Stable

Publicado en Real Instituto Elcano
25 de septiembre de 2002

El socialismo es irrevocable en Cuba. Al menos, eso afirma la modificación constitucional aprobada por la Asamblea Nacional en La Habana a fines de junio. A principios de mes, el gobierno había lanzado una campaña de movilizaciones prácticamente sin igual en los últimos 43 años. Lo primero que hizo fue convocar manifestaciones gigantescas a lo largo y ancho de la isla en favor de la reforma constitucional. Luego siguió una ofensiva para recoger firmas de apoyo a la iniciativa: se abrieron 129.523 puntos de acceso para firmar y casi la totalidad de los electores (98,97%) la suscribieron. Por último, la Asamblea Nacional discutió la propuesta durante tres días -declarados festivos para que el pueblo siguiera de cerca las sesiones trasmitidas en directo- y la aprobó unánimemente. ¿Qué duda podría caber acerca de cuál es la voluntad popular?

Bush, Carter y el Proyecto Varela

El discurso del presidente George W. Bush, el 20 de mayo pasado, fue, supuestamente, el acicate de este despliegue. Cierto es que Bush había exigido a La Habana elecciones libres y que el suyo no era un discurso cualquiera, ya que se pronunció en Miami, coincidiendo con el centenario de la República de Cuba. Lo sorprendente, sin embargo, no fueron las exigencias planteadas, habituales en la retórica de Washington, sino que éstas se hicieran en el marco de la Constitución cubana. Bush se refirió a las elecciones para la Asamblea Nacional a principios del año 2003 y dijo que si éstas eran realmente libres, EEUU estaría dispuesto al diálogo. Nunca antes Washington había reconocido que el actual sistema político cubano podría ser un punto de partida para los cambios. Por lo demás, no hubo el endurecimiento esperado por sectores del Miami cubano. Por su parte, el Comandante respondió dejando caer la posibilidad de cerrar la Sección de Intereses de EEUU en La Habana y de abrir las costas cubanas a la emigración.

El blanco estadounidense de las movilizaciones cubanas fue el ex presidente Jimmy Carter y no Bush, aunque el nombre del primero no apareciera en ninguna pancarta.  Del 12 al 17 de mayo, Carter había viajado a Cuba con un doble propósito: abogar por la mejora de las relaciones EEUU-Cuba  y proclamar los valores de la democracia. Y así fue. Por una parte, el ex mandatario declaró que el primer paso para aliviar el “estado de beligerancia” entre los dos países lo debería dar Estados Unidos por ser la nación más poderosa, al mismo tiempo que afirmó que las restricciones del embargo “no son la causa de los problemas económicos de Cuba”. Su defensa de la democracia fue clara y puntual, sugiriendo, incluso, que ésta pudiera ser garante de la soberanía nacional: “Cuando los cubanos ejerzan este derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá cómo son los cubanos y no los extranjeros quienes decidirán el futuro de este país”.

En su discurso, Carter hizo mención al Proyecto Varela y a los incisos constitucionales que avalan el derecho ciudadano a proponer cambios en el orden jurídico por medio de una petición (mínimo de 10.000 firmas). Ésta debe ser elevada a la Asamblea Nacional, que es la que tiene la facultad constitucional de decidir si procede una consulta popular al respecto. Unos días antes de la llegada de Carter, Oswaldo Payá Sardiñas y otros varelistas le habían entregado a la Asamblea una petición suscrita por más de 11.000 personas centrada en cinco puntos: 1) plenas garantías a la libertad de expresión; 2) total libertad de asociación; 3) amnistía para los presos políticos; 4) derecho de los cubanos a formar empresas y 5) una nueva ley electoral.  Hasta el momento, la Asamblea ha pasado por alto la solicitud de referéndum sobre todos ellos.

El Proyecto Varela fue, sin duda, un factor determinante para las exaltadas movilizaciones y la precipitada reforma de la Constitución. En cierto modo, la oposición puede sentirse satisfecha de haber forzado al gobierno a reaccionar en extremo. Una respuesta menos estrepitosa hubiera sido que la Asamblea considerara el proyecto y dictaminara que no procedía un referéndum. Tanto afán en rebatir a 11.000 ciudadanos y el empeño casi unánime de la ciudadanía no hicieron más que agudizar el escepticismo lógico sobre la voluntad popular en Cuba. ¿Es verosímil que una comunidad humana esté de acuerdo en un 98,97 por ciento? El propósito de la maniobra no era demostrar la existencia de un amplio consenso. Lo principal era dejar bien claro a todos  -a los reformistas en el gobierno, a la oposición activa y latente, a los cubanos de a pie, al mundo- lo que ya se sabe: la máxima dirigencia no tiene voluntad alguna de cambio.

El inmovilismo oficial

Al igual que las exigencias electorales estadounidenses, la renuencia cubana en estos temas no es nada nuevo. Lo novedoso es la encrucijada en que se encuentra La Habana. Una mirada retrospectiva puede confirmar la sospecha de que con la pantomima reciente concluyó el ciclo iniciado a principios de los años noventa. Entonces eran muchos los que, en Cuba y en el extranjero, pensaban en un ocaso inminente del régimen, o al menos que éste implementaría reformas profundas. Pero no sucedió así. La Habana sobrevivió sin mayores concesiones: las reformas económicas fueron modestas y no hubo revisiones políticas de sustancia. La máxima dirigencia abandonó las propuestas de mayor trascendencia -la legalización de las PYME, la separación de funciones con el nombramiento de diferentes titulares en la presidencia y la secretaría general del Partido Comunista, así como la creación del cargo de primer ministro, la integración de algunos opositores a la Asamblea Nacional y el cambio de nombre del Partido al de Partido de la Nación Cubana- y la elite se alineó verticalmente con esta postura.

A mediados de la década, La Habana había logrado una suerte de reconstitución. El reforzamiento del embargo mediante las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996) permitía al gobierno seguir jugando el rol de David contra Goliat, a la par que la comunidad internacional se preguntaba por qué Estados Unidos no cambiaba de política. Las reformas coadyuvaron a una recuperación económica moderada, aunque éstas fueron frenadas en 1995.  Excepto por la crisis de los balseros en 1994 y el motín en el malecón habanero en 1995, la ciudadanía aparentaba calma. Las demandas políticas sobre los ciudadanos de a pie no eran tan exigentes como antes y las movilizaciones, menos frecuentes. Aunque crecía y se extendía, la oposición activa era aún modesta. Mientras la población se mantuviera políticamente pasiva y la oposición fuera limitada, el régimen no tenía que temer por su estabilidad. Por su parte, la dirigencia redobló su atención al Partido Comunista: una elite cohesionada había logrado ser fundamental en el desafío a los pronósticos de principios de los años noventa y seguía siendo clave para retener el poder. La reconstitución lograda, sin embargo, se basaba en un delicado equilibrio de factores nacionales e internacionales.

Fue entonces cuando Elián González llegó a las costas de Florida y la campaña desatada para lograr su retorno a Cuba introdujo nuevos factores a tener en cuenta. La reunificación del niño con su padre tuvo cierta resonancia popular y, al menos al principio, las movilizaciones expresaron sentimientos genuinos en ese sentido. Elián, sin embargo, fue convertido rápidamente en una plataforma política contra la “mafia” de Miami y la dirigencia no se demoró mucho en anunciar un nuevo giro bajo el manto de la “Gran Batalla de Ideas”. Desde entonces, noche tras noche, la televisión trasmite mesas redondas informativas sobre temas considerados candentes. Todos los sábados se celebra, en algún pueblo o ciudad de la Isla, una llamada Tribuna Abierta de la Revolución. Se han creado Unidades de Vigilancia Revolucionaria y Comisiones de Fidelidad. El llamado “Juramento de Baraguá” -que alude a la rebeldía del General Antonio Maceo ante el acuerdo que puso fin al fallido esfuerzo independentista de la Guerra de los Diez Años (1868-1878)- circuló en fábricas y barrios, escuelas y oficinas, comprometiendo a los firmantes a defender el honor de la Patria hasta sus últimas consecuencias.  El régimen alteró el acuerdo tácito alcanzado con la población en la década de los noventa, que suponía una especie de tregua en la convocatoria de manifestaciones populares de apoyo a la dirigencia. Desde el estallido del caso Elián, se le ha exigido a la sociedad una performance casi constante. Lo de la irrevocabilidad del socialismo sólo fue un paso más.

Sin embargo, incluso antes de esta última campaña, el equilibrio alcanzado en la década pasada ya empezaba a tambalearse. La visita de Carter contribuyó, sin duda, a reforzar esta tendencia y a que el mundo se preguntara con mayor insistencia por qué Cuba no cambia.  Después del 11-S, la economía cubana ha retrocedido, como bien indican las bajas del turismo y las remesas, la incertidumbre en el suministro de petróleo y el cierre de casi la mitad de los centrales azucareros. Mientras tanto, el Congreso estadounidense parece acercarse a un levantamiento de las restricciones a los viajes y al acceso a créditos a Cuba para la compra de alimentos en EEUU. Una moderación del embargo le restaría fuerza al síndrome de David y Goliat.

Una encrucijada de tres caminos

La Habana se encuentra ante una triple encrucijada. La primera sería seguir con las pautas de la “Gran Batalla de Ideas”, pero reduciendo la intensidad de la reciente campaña. Sin embargo, este camino posiblemente esté llegando a su fin. Desde el regreso de Elián, el tren de las movilizaciones no rueda con el mismo impulso: su marcha depende ahora de los “Cinco Héroes Cubanos Prisioneros del Imperio”-condenados por espionaje en EEUU hace 18 meses- y su causa no resuena en los hogares cubanos como inicialmente lo hizo la de Elián. En lo económico se mantendría el statu quo, es decir, no se emprenderían reformas adicionales. Pero el problema es que la economía está de nuevo francamente enferma y las reformas ya aplicadas dieron todo lo que podían dar. Por lo contrario, si se consiguiera parar el descenso económico aun sin medidas adicionales, el mantenimiento de un modelo light de movilizaciones sería más viable.

Aunque arriesgado, el segundo camino pasa por lanzar una nueva oleada de frenéticas movilizaciones. La dirigencia gobierna como si el teatro de los últimos años fuera la realidad y no una simple y gran pantomima. Como la ciudadanía ha participado hasta ahora del espectáculo sin mayores contratiempos, no hay razón para desechar el teatro. Pero la resistencia popular no es ilimitada. El aumento en la intensidad de las movilizaciones bien pudiera convertirse en un bumerán si se exigiera al pueblo ir más allá de un límite, aún no fijado y que, posiblemente, no sea fácil de establecer por la elite reinante. Si se prosigue en esa dirección, también pudiera producirse una nueva espiral de enfrentamientos con EEUU, con sabe Dios qué resultados.  Aunque las amenazas de junio, de cerrar la Sección de Intereses y abrir las costas cubanas, fueron rápidamente disipadas por el propio gobierno cubano, no se puede descartar el atractivo de un escenario numantino en el laberinto mental del Comandante. A Castro le resulta más fácil imaginar una conclusión heroica que asumir las consecuencias de unas reformas profundas y verdaderas. Por suerte, el Ejército probablemente sea un muro de contención ante esos delirios.

La tercera senda sería la de una reestructuración económica auténtica, tipo China o Vietnam, lo cual implicaría reducir las movilizaciones, bajar el volumen propagandístico y colocar la economía en el centro de la política. Se empezaría por desempolvar las propuestas para profundizar las reformas económicas abandonadas a mediados de los años noventa. Esta situación requeriría, eventualmente, una emulación de las proclamas de János Kádár en Hungría después de 1956 (Let’s eat sausage!) y de Deng Xiaoping en China (¡A enriquecerse!). Sin embargo, para la máxima dirigencia cubana sería como un anatema convocar a la población bajo la consigna de “pan con lechón” para todos: sería un deshonor a la dignidad de la Patria. Si bien esta  alternativa es la más sensata, es la menos probable a corto plazo.

El verano de 2002

La temporada que acaba de concluir debió haber sido de preparación para el próximo congreso del Partido Comunista, inicialmente previsto para octubre. Se esperaba que entonces se aprobaran medidas económicas claves, especialmente en relación a las PYME. Pero, hasta ahora, no se ha fijado fecha para la reunión, ni se han hecho públicos los documentos preparatorios de la misma. Incluso no hay certeza de que éstos se hayan redactado. Tras las sesiones extraordinarias celebradas para reforma constitucional, la Asamblea suspendió su reunión ordinaria del 5 de julio, aunque sí se anunció la apertura del ciclo electoral al que hiciera referencia Bush. Si nos dejamos llevar por los temas que aparecen en los medios de comunicación, los “cinco prisioneros del imperio” son un tema nacional más urgente que el atolladero en que se encuentra el país. A puertas cerradas, sin embargo, es de suponer que la dirigencia esté enfrascada en una dura discusión en torno a cuestiones algo más importantes.

Así lo sugiere la noticia veraniega más contundente dada a principios de agosto: tres años después de su destitución, el ex canciller Roberto Robaina fue expulsado del Partido. En un vídeo difundido a los militantes comunistas, el general Raúl Castro lo acusó de deslealtad al Comandante, corrupción y autopromoción como candidato de la transición. Respecto al último cargo, hizo referencia a una conversación grabada a fines de 1998 entre Robaina y el ex ministro español de Relaciones Exteriores Abel Matutes, donde éste decía que el entonces canciller era su candidato. El general Castro igualmente sacó a relucir al también defenestrado Carlos Aldana, secretario ideológico del Partido hasta 1992, quien fuera acusado de querer ser el Gorbachov de Cuba. Cuando estaba en la cima del poder, a Robaina se le atribuían visos reformistas y posiblemente -¿por qué no?- contemplara ambiciones políticas mayores.  Aldana, por su parte, fue uno de los principales impulsores de una mayor apertura a principios de los años noventa.

Si no es porque la realidad ha obligado a la dirigencia a retomar la discusión marginada a mediados de la década ¿qué sentido tiene haber desempolvado a Robaina y a Aldana? Lo ideal para el sector de los duros sería volver a la “Gran Batalla de Ideas” light y lograr una modesta recuperación sin tener que pasar por impulsar una reestructuración. La reconstitución fue una especie de gatopardismo caribeño que les permitió “cambiar” algo para que todo siguiera (casi) igual. ¿Podrán repetir el malabarismo? Es posible, pero no parece probable.

Se dice que hace una década, Raúl Castro y otros generales fueron a ver al Comandante y le preguntaron si estaba dispuesto a dar la orden de desplegar el Ejército por las calles cubanas. Y le dijeron que si no se tomaban las medidas propuestas, ése era un escenario casi inevitable. Aunque disgustadísimo, aceptó -a medias. Ahora toca la otra mitad. ¿Le pedirán otra cita los generales? Quizás hoy la situación sea más crítica y no sólo por el agotamiento nacional y la creciente impaciencia internacional. Si bien todavía sin fecha fija, el tema de la sucesión está hoy más cerca que antes y la elite tiene que considerar no sólo sus intereses actuales sino también los de después del velatorio. De continuar el inmovilismo, éste podría afectar a su propio futuro. Al mismo tiempo, a los que se pasen de la raya, bien les pudiera aguardar hacer compañía a Robaina y Aldana. ¿Podría peligrar la cohesión de la elite? Si así fuera, sería la primera vez en 43 años.

También hay que tener en cuenta el tema de la población. Si bien es cierto que ésta prioriza sus acuciantes problemas económicos sobre otras cuestiones, el tema de fondo no es sólo la economía. Está en juego, igualmente, la existencia de una sociedad abierta y libre, en fin, de una democracia, ya que sólo ella nos permitirá saber cuál es la voluntad popular. El inmovilismo continuado o -peor todavía- el escenario de los delirios, pudiera provocar la revuelta popular que hasta ahora se ha evitado, poniendo en peligro mortal lo que es deseable para todos en la isla y en el extranjero: la transición pacífica a una Cuba nueva. ¿Será capaz la elite cubana de hacer lo que tiene que hacer - incluso en vida del Comandante - para impedir ese escenario desastroso?  Si así fuera, sería, igualmente, una novedad.