Marifeli Perez-Stable

Publicado en Encuentro en la Red
www.cubaencuentro.com
9 de abril de 2007

El 19 de febrero, cuatro salvadoreños (tres legisladores y su chofer) fueron ultimados brutalmente en Guatemala. Iban hacia la capital para asistir a una sesión del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) cuando los asesinaron, poco después de cruzar la frontera. Unos días más tarde, la policía guatemalteca arrestó a cuatro policías como autores del crimen quienes, a su vez, fueron asesinados cuando permanecían en una prisión de máxima seguridad. ¡Si todo tuviera una explicación tan sencilla como de que se trataba de un negocio de drogas que había salido mal!

La actuación aquí de los cárteles es casi una certidumbre. Si la reunión del PARLACEN se hubiera realizado en El Salvador o en Honduras y no en Guatemala, las monstruosas muertes hubieran sido igualmente fáciles de perpetrar. Los tres países se hallan bajo un estado de sitio por la corrupción de los gobiernos, la impunidad criminal, la violencia pandillera, los jueces mediatizados y las instituciones débiles. Es evidente que los cárteles tienen operativos dentro de la policía guatemalteca. ¿Cómo, si no, pudieron asesinar a los cuatro policías, sin muestra alguna de una entrada forzada en la prisión?

Sin embargo, una luz puede estar parpadeando al final del túnel: las ocho ejecuciones espantosas parecen haber estremecido un área sensible que ya se había anestesiado por tanta violencia criminal. La gente está escandalizada, una nueva ley de seguridad se discute con rapidez en el legislativo guatemalteco y la elección general de septiembre de seguro mantendrá el tema vivo. Guatemala se puede estar acercando a un consenso sobre la seguridad ciudadana que vaya más allá del relevo de la Presidencia y del Congreso. Por fortuna, las muertes han forzado a todos a tener una visión de futuro.

En Guatemala, el delicado equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles debe mantenerse celosamente. Como debiera ser en los Estados Unidos donde, como dan fe los últimos tiempos, las circunstancias excepcionales brindan tentaciones a los funcionarios para extralimitarse. Más aún puede suceder en Guatemala, donde la democracia es frágil en no pocos sectores, ya que una parte de la Derecha tiene todavía que acatar, sin reservas, los dictados de la ley.

Dos factores importantes explican la violencia endémica de Guatemala que, afortunadamente, ya no está motivada por la política:

Por una parte, los acuerdos de paz de 1996 dispersaron las fuerzas de las guerrillas y de los paramilitares. Como estos últimos también habían combatido al crimen y a las actuaciones pandilleras, su disolución dejó un vacío que los cárteles y los maras llenaron de inmediato.

Por otra, el gobierno de Alfonso Portillo (1999-2003) se desentendió de los ex paramilitares y de los oficiales retirados quienes recuperaban posiciones dentro de las instituciones estatales y expandían sus intereses en el crimen organizado.

A su vez, Guatemala sufre otro tipo de inseguridad, es decir, el déficit social que asfixia a la mayoría. Como resultado final, el populismo que hace cosecha ahora en América Latina, no beneficiará a los pobres por mucho tiempo. ¿Cómo podría hacerlo si se opone a los mercados que, en democracia, han creado la riqueza y promovido la movilidad social como no lo ha logrado hacer ningún otro sistema?

El capitalismo guatemalteco, sin embargo, no es muy moderno. Las oportunidades para todos y los mejores niveles de vida, de hecho, aumentan el número de consumidores, esto es, de ganancias. El Estado es particularmente débil en todos los frentes: carece de suficientes recursos fiscales para construir la red de seguridad que todas las sociedades deben prolongar hasta llegar a los más vulnerables. El fisco recauda un patético 10 por ciento del producto interno bruto en impuestos. Con ese ritmo, no sorprendería que las negras noches turbulentas se acumularan en el horizonte.

La sociedad en Guatemala es multiétnica, multirracial y multicultural. El racismo es mucho más penetrante que lo que una vez fuera en Estados Unidos. El Estado guatemalteco existe, aunque es débil. La nación, no -y no es sorpresa. Históricamente la modernidad ha sido la partera de las naciones y Guatemala, sencillamente, no ha llegado ahí. La inclusión -como ciudadanos y como consumidores- es la receta verdadera y ya probada para construir una nación.

Las naciones modernas desarrollan también un sentido del bienestar general que tiene que ser incluyente. Los mayas y otros pueblos indígenas guatemaltecos tienen ya una presencia impresionante en la sociedad, en los pequeños comercios y en la política. Mi percepción es que su utilización del nosotros tiene, en sí, dos significados: el de las comunidades, excluidas desde hace tanto tiempo, y el de la nación guatemalteca en su construcción.

En medio del panorama sombrío, la esperanza nunca muere. En aras de un futuro mejor, las élites privilegiadas desde siempre debieran sentirse indignadas por la pérdida que representaría para todos no propiciar la educación a los niños indígenas, por lo que debieran hacer algo para corregir la situación. Las remesas -que los beneficiados utilizan para consumir e invertir- ya están estimulando una clase media indígena. Una bonanza tal ayudaría a todos, pero los hambrientos y los analfabetos pudieran sucumbir por falta de fuerzas o por incapacidad para reconocer las señales.