Marifeli Perez-Stable

Publicado en El Nuevo Herald
6 de septiembre de 2003

“No hay mañana sin ayer”, declaró recientemente el presidente Ricardo Lagos al presentar una nueva propuesta para afrontar la herencia de las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura de Pinochet. En 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación había atendido sólo las muertes y los desaparecidos, pasando por alto la violencia ejercida contra unas 100,000 personas que fueron torturadas. La iniciativa Lagos establece una indemnización para estas personas, así como medidas para acelerar los procesos judiciales y la localización de las víctimas.

En Argentina, el presidente Néstor Kirchner ha impulsado el retorno al pasado en búsqueda de la justicia truncada por las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que respaldaron la impunidad para unos 1,100 militares. Luego de la publicación del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, Nunca Más, el presidente Raúl Alfonsín había apoyado la apertura de juicios contra los integrantes de las juntas militares (1976-1983). Ante las amenazas y presiones de las instituciones castrenses, el propio Alfonsín se vio obligado a acceder a la promulgación de estas leyes. Aunque pende la decisión de la Corte Suprema respecto a la constitucionalidad de las mismas, es de esperar que se retome el camino de la justicia.

A fines de 2002, el parlamento español aprobó una declaración de condena a la dictadura de Franco y se comprometió a financiar la exhumación de los cadáveres de miles de víctimas aún enterrados en fosas comunes. En la segunda mitad de los 70, las principales fuerzas políticas habían emprendido la transición con miras a forjar un futuro común y democrático sin remover el pasado sobre el cual, dudosamente, llegarían a un acuerdo. Nadie quería correr el riesgo de reabrir un nuevo ciclo de violencia.

Los casos de Chile, Argentina y España subrayan la importancia de sanar -en la medida de lo posible- los traumas que las dictaduras les infligen a las personas y a las sociedades. Los esfuerzos por recuperar la memoria, asentar las verdades y buscar la justicia son intrínsecos a las nuevas democracias. Aunque no se logre de un tirón, las sociedades amparadas por un estado de derecho, tarde o temprano, encuentran maneras de encauzar un mayor sa- neamiento.

Llegará el momento en que a los cubanos nos toque enfrentarnos con el legado de las violaciones a los derechos humanos después de 1959. El protagonismo principal de la transición le pertenece, sin duda, a los cubanos en Cuba, aunque a la diáspora también se le escuche. Los procesos de memoria, verdad y justicia, sobre todo, tendrán que brotar y arraigarse en tierra firme cubana para que, de ninguna manera, entorpezcan el reencuentro nacional entre la isla y la diáspora.

Lo cierto es, sin embargo, que la memoria del costo humano cobrado por la revolución se ha mantenido más vivamente en el exilio que en Cuba. La oposición histórica, después de todo, se exilió, murió peleando o frente a los pelotones de fusilamiento, o cumplió larguísimas condenas de cárcel para luego también partir al exilio. Si bien hoy son pocos los que niegan el carácter absolutista del régimen cubano, no sucede lo mismo con la revolución en los años 60, cuando los que la favorecían en Cuba y en el mundo la estimaban cargada de ilusiones,

ideales y promesas. Aunque fue durante esa primera década que se perpetraron las peores violaciones, la opinión pública cubana e internacional aún desconoce su dura totalidad o no reconoce su debida gravedad.

De establecerse nítida y contundentemente, estas verdades quizás sirvan de acicate para afianzar en el corazón de Cuba -de una vez por todas- el compromiso inalienable con una ética de medios, es decir, el respeto a los derechos humanos. Antes de 1959, nuestra cultura política fue tendiendo a valorar los fines por encima de los medios, lo cual significó una creciente polarización a expensas del “extremo centro” indispensable para la democracia. La revolución agudizó esa polarización violentamente y llevó a miles de cubanos de buena voluntad -de parte y parte- a enfrentarse como nunca antes. Hoy, sin embargo, son cada vez más (valga la reiteración) los cubanos de buena voluntad -de parte y parte- que asumen la convicción de que la convivencia cívica entre todos nosotros es el único fin que no admite concesión alguna.

Decía Máximo Gómez que los cubanos nos pasábamos o no llegábamos. Desde entonces nos hemos pasado más de una vez y aún tenemos pendiente llegar al justo medio de la democracia. Si llegáramos, el estado de derecho avalaría los procesos de memoria, verdad y justicia y, por tanto, dependería de los actores políticos encaminarlos en pos del grado necesario y suficiente de reconciliación para lograr una Cuba en paz y verdaderamente de todos.